El Gobierno regional ha avanzado en la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha con la puesta en marcha de una nueva fase participativa, iniciada en Toledo, que busca incorporar aportaciones de agentes internos y externos antes de la redacción definitiva del anteproyecto.
La reunión ha estado presidida por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, quien ha señalado que este encuentro se enmarca en la hoja de ruta diseñada por la Consejería de Desarrollo Sostenible para construir el primer marco normativo autonómico en esta materia. Según ha explicado, el objetivo es desarrollar una norma “sólida, ambiciosa y de consenso”.
Haro ha indicado que el Ejecutivo autonómico lleva años trabajando en este proyecto. En ese recorrido previo, la Administración regional finalizó la consulta pública previa en 2024 y desarrolló durante 2025 dos talleres técnicos internos con distintos servicios de la Junta para definir prioridades, necesidades y objetivos relacionados con la futura Ley de Cambio Climático.
A partir de ese trabajo, el Gobierno regional ha elaborado un primer borrador de estructura, acompañado por un análisis normativo estatal y autonómico y un informe de propuestas destinado a orientar el contenido final del texto legal. Según ha trasladado la directora general, el documento de partida está alineado con los compromisos climáticos nacionales e internacionales.
Nuevas aportaciones al texto
La reunión celebrada en Toledo supone ahora el arranque de una nueva etapa de participación. El propósito es recoger observaciones de quienes tendrán que aplicar la futura norma y de los sectores que conviven de forma directa con los efectos del cambio climático. La Junta considera que este proceso permitirá mejorar la calidad técnica del texto y reforzar su legitimidad social.
Tras esta fase de talleres y aportaciones, el Gobierno regional prevé analizar las propuestas recibidas e incorporar aquellas que procedan al documento base. El siguiente paso será redactar el anteproyecto definitivo, que deberá someterse a informes técnicos, jurídicos y sectoriales, así como al trámite de exposición pública y al dictamen del Consejo Consultivo.
Entre los objetivos principales de la futura Ley de Cambio Climático figuran la descarbonización progresiva de la economía regional, el impulso de medidas de adaptación para proteger la salud, el territorio y los sectores productivos, el refuerzo del papel de las masas forestales como sumideros de carbono y la incorporación de la perspectiva climática en las políticas sectoriales.
La norma también pretende prestar una atención específica a los sectores y colectivos más vulnerables ante los efectos del cambio climático. En este sentido, Esther Haro ha defendido que el nuevo texto debe servir para garantizar un futuro resiliente para la región y avanzar hacia una economía baja en carbono sin comprometer su capacidad productiva.
La directora general ha advertido además de que Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones especialmente expuestas a fenómenos como la desertificación y el aumento de episodios extremos, una situación que, a juicio del Ejecutivo autonómico, refuerza la necesidad de contar con una herramienta legal que permita anticiparse y planificar con seguridad jurídica.
Junto al componente ambiental, el Gobierno regional plantea esta futura Ley de Cambio Climático como una oportunidad para transformar el modelo productivo de la comunidad autónoma. En ese marco, sitúa cuestiones como la transición energética, el impulso de las energías renovables, la eficiencia en el uso del agua o el fomento de una agricultura sostenible como ámbitos con potencial para generar empleo y competitividad.
Castilla-La Mancha no dispone actualmente de una ley autonómica con rango legal específica en esta materia. Por ello, la Junta considera que la nueva norma será un instrumento clave para ordenar la acción climática regional y establecer un marco estable para las políticas públicas vinculadas a la mitigación y la adaptación.
Con esta nueva fase participativa, el Gobierno autonómico abre una etapa decisiva en la tramitación de una ley que todavía deberá completar distintos pasos administrativos antes de su aprobación definitiva.
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