La Diputación de Toledo ha aprobado por unanimidad el inicio de la licitación de un nuevo contrato de carreteras de la Diputación de Toledo por un importe previsto de 225,67 millones de euros y una duración de 20 años. La actuación permitirá conservar, mantener, explotar y mejorar los 957 kilómetros que forman parte de la red provincial, integrada por 116 carreteras y cinco caminos vecinales.
El acuerdo ha recibido el respaldo de los tres grupos políticos representados en el Pleno provincial y da continuidad a la tramitación de uno de los contratos de mayor alcance económico planteados por la institución provincial.
La inversión se distribuirá en tres lotes correspondientes a otras tantas zonas geográficas. La Zona 1 comprenderá la comarca de Talavera, con 414,255 kilómetros; la Zona 2 abarcará La Sagra y Ocaña, con 232,895 kilómetros; y la Zona 3 corresponderá a la comarca de Toledo, con 309,862 kilómetros.
La portavoz provincial, Soledad de Frutos, ha señalado que la actuación “permite planificar durante 20 años la conservación y modernización de toda la red provincial, con una inversión superior a 225 millones de euros y con el objetivo fundamental de tener carreteras más seguras, mejor conservadas y que garanticen la movilidad y la cohesión territorial”.
Ocho años para ejecutar las inversiones previstas
El contrato de carreteras de la Diputación de Toledo contempla además la redacción y financiación de los proyectos y la ejecución de las obras necesarias para mejorar la red viaria provincial.
El periodo previsto para desarrollar las inversiones será de ocho años. Durante ese tiempo se ejecutarán las actuaciones recogidas en los anteproyectos de construcción y explotación correspondientes a las tres zonas.
El modelo establece que el concesionario asumirá la financiación de los proyectos y las obras, además de las labores de conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras durante el periodo de vigencia del contrato.
La retribución estará vinculada al cumplimiento de determinados índices de calidad, un sistema con el que la Diputación pretende mantener el control sobre la prestación del servicio y sobre el estado de las vías.
“La conservación, el mantenimiento y la explotación estarán vinculados al cumplimiento de índices de calidad, porque no solo queremos invertir en nuestras carreteras, sino garantizar también que el servicio que se presta sea de calidad y esté sometido al control de la Diputación”, ha señalado Soledad de Frutos.
La portavoz provincial también ha explicado que este modelo permitirá afrontar una inversión de estas características mediante la incorporación de financiación privada.
El Pleno ha aprobado el inicio del expediente de licitación y la autorización de los límites de financiación plurianual necesarios para desarrollar el contrato.
Los anteproyectos de construcción y explotación de las tres zonas, que establecen las actuaciones de inversión inicial, conservación y explotación, fueron aprobados definitivamente por el Pleno en noviembre de 2025.
La red provincial cumple una función de conexión entre municipios, especialmente en las zonas rurales y comarcales, donde estas carreteras forman parte de los desplazamientos diarios de vecinos, trabajadores, empresas y servicios públicos.
En el caso de La Sagra y Ocaña, el contrato afectará a una red de 232,895 kilómetros incluida dentro de la segunda de las tres zonas establecidas.
Nuevo Consejo Provincial de Personas Mayores
El Pleno también ha aprobado por unanimidad, de forma inicial, la Ordenanza Reguladora del nuevo Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo.
El nuevo órgano tendrá carácter consultivo y participativo y estará destinado a canalizar la participación de este colectivo en la planificación, desarrollo y evaluación de los servicios y programas provinciales que les afecten directamente.
Entre las materias en las que podrá participar se encuentran la salud, el transporte, el envejecimiento activo, el asociacionismo y otras cuestiones vinculadas con las competencias provinciales.
El Consejo contará con representación de asociaciones y federaciones de personas mayores, entidades sin ánimo de lucro que trabajan con este colectivo, representantes de los grupos políticos y personal técnico de la Diputación. También podrá incorporar expertos cuando las circunstancias lo requieran.
“No queremos que las políticas dirigidas a las personas mayores se diseñen sin contar con ellas. Este Consejo va a permitir que tengan una participación real y directa en aquellas decisiones y programas que les afectan”, ha afirmado Soledad de Frutos.
La aprobación inicial abre ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Si no se presentan alegaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
La Cuenta General refleja 160,1 millones en fondos líquidos
En materia económica, el Pleno ha aprobado también la Cuenta General de la Diputación correspondiente al ejercicio 2025, después de haber permanecido expuesta al público sin reclamaciones, reparos ni observaciones.
Entre las principales magnitudes económicas figuran 160,1 millones de euros en fondos líquidos a 31 de diciembre de 2025 y un resultado económico-patrimonial positivo de 46,35 millones de euros.
Una vez aprobada por el Pleno, la Cuenta General será trasladada al Tribunal de Cuentas conforme a la legislación vigente.
El Pleno también ha conocido el informe de Intervención correspondiente al segundo trimestre de 2026 sobre el cumplimiento de las reglas fiscales.
El documento confirma el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda.
La tramitación del contrato de carreteras de la Diputación de Toledo continuará ahora con el procedimiento de licitación, mientras que la nueva Ordenanza del Consejo Provincial de Personas Mayores permanecerá durante 30 días hábiles en periodo de información pública.
