Los sindicatos advierten con una huelga en diciembre si fracasa la negociación colectiva de Función Pública
El Ministerio de Función Pública ha convocado a los sindicatos mayoritarios (CSIF, UGT y CCOO) para reanudar la negociación colectiva Función Pública el próximo 5 de noviembre. La convocatoria se produce tras las concentraciones de empleados públicos celebradas el pasado 30 de octubre en toda España, con una notable participación en Castilla-La Mancha. Los representantes de los trabajadores exigen una oferta económica inmediata y advierten de movilizaciones, incluyendo una huelga en diciembre, si no se alcanzan acuerdos.
De esta forma, el Ministerio de Función Pública ha reaccionado a las movilizaciones de los empleados públicos convocando la mesa de negociación. Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO organizaron el pasado 30 de o0ctubre, concentraciones en todo el territorio nacional para exigir mejoras laborales y defender los servicios públicos. Según las cifras de los convocantes, estas protestas contaron con la participación de más de 3.000 personas en el conjunto de Castilla-La Mancha.
Como respuesta directa a estas movilizaciones, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, mantuvo un encuentro con los líderes sindicales. En dicha reunión, les comunicó formalmente que la negociación colectiva en las administraciones públicas se reanudará el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 11:00 horas.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se valora la decisión del Ministerio de retomar el diálogo. No obstante, avisan de que «no están dispuestos a perder más tiempo» y exigen que el departamento dirigido por Óscar López presente una «oferta económica para mejorar las retribuciones de los empleados públicos» en esa primera reunión.
La advertencia de los sindicatos es clara: si no se produce un acuerdo satisfactorio sobre sus reivindicaciones, el escenario de una huelga general en la Administración durante el mes de diciembre es una posibilidad firme.
Las centrales sindicales justifican estas movilizaciones en la «urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar», el cual consideran amenazado por un «deterioro progresivo de los servicios públicos». Argumentan que esta situación es conocida por el Gobierno y se traduce en una «mayor respuesta social» ante las deficiencias percibidas.
Los representantes de los trabajadores señalan que este deterioro se manifiesta en sectores estratégicos como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y la Justicia. También aluden a dificultades en la gestión diaria de servicios esenciales y en el acceso de la ciudadanía a los trámites administrativos. Para los sindicatos, la reacción de la sociedad ante fallos en estos servicios es «el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público».
Las organizaciones han denunciado en reiteradas ocasiones problemas estructurales como la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación de los empleados, factores que, según indican, repercuten directamente en el «malestar de las personas usuarias».
Por todo ello, las tres centrales sindicales recuerdan a las Administraciones Públicas la necesidad de acometer «cambios profundos» para la modernización de los servicios. Consideran que para lograr esta transformación es imprescindible «empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas». Las exigencias centrales que llevarán a la negociación colectiva Función Pública incluyen garantizar incrementos salariales justos, un incremento y mejora del empleo público y la dignificación de las condiciones de trabajo de los más de tres millones y medio de empleados públicos del país.
