21 abril 2024
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Carlos Velázquez muestra su preocupación por la ocupación ilegal en su visita a Pantoja

El presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez muestra su preocupación por el aumento de ocupaciones ilegales de viviendas en la provincia, “que están dañando la convivencia e incrementando la inseguridad en nuestros pueblos”, por lo que el PP está presentando mociones en todos los municipios “para instar al Gobierno de España a que actúe frontalmente contra este problema”.

Así lo ha manifestado tras la reunión que ha mantenido con el alcalde de Pantoja, Julián Torrejón, que es precisamente uno de los municipios de la provincia que sufre este problema, especialmente preocupante en la comarca de La Sagra, donde está provocando situaciones complicadas de convivencia e inseguridad ciudadana, que confirman las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Velázquez ha subrayado que este problema se ha convertido en muchas zonas de la provincia y de toda España “en una verdadera lacra que hay que combatir sin ambages” y con ese objetivo se están presentando estas mociones en los ayuntamientos, “para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de mirar para otro lado y se ponga manos vamos a la obra para tomar medidas como las que está proponiendo el PP”.

Propuestas del PP para acabar con la ocupación ilegal de viviendas

En este sentido, ha detallado algunas de esas medidas que está poniendo sobre la mesa esta formación política, como “establecer las herramientas legales y modificaciones legislativas que sean necesarias para conseguir que los desahucios a los ocupas ilegales se produzcan en un plazo máximo de 24 horas, así como modificar el Código Penal para endurecer las penas, sobre todo en casos de mafias, que tanto daño están haciendo”. Así mismo, Velazquez ha indicado que están presentando mociones, para instar al gobierno de la nación desde las entidades locales, a que actúe frontalmente contra este problema”.

Otra de las medidas que propone el PP es “habilitar a las comunidades de propietarios, como sufridoras de la falta de convivencia e inseguridad que puede crear la ocupación ilegal de viviendas, para que puedan iniciar los trámites de esos desahucios, cuando no lo hagan los propietarios del inmueble, fundamentalmente en el caso de entidades financieras”.