El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en la elaboración de su primera Ley de Calidad Ambiental, después de que el Consejo de Gobierno haya tomado en consideración el anteproyecto de esta normativa. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado este martes en Toledo las principales medidas del texto, que busca simplificar los procedimientos administrativos y reforzar la protección del medio ambiente en la región.
La futura normativa pretende reunir en un único marco legal diferentes procedimientos relacionados con la protección ambiental y adaptar la regulación autonómica a la legislación estatal y europea.
Según ha explicado Gómez durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, el objetivo es reducir las cargas burocráticas, mejorar la coordinación entre administraciones y proporcionar mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y empresas.
Una autorización ambiental para unificar trámites
Una de las principales novedades del anteproyecto es la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), un instrumento que permitirá integrar en un mismo expediente procedimientos que actualmente se gestionan de manera independiente.
Esta autorización facilitará la tramitación conjunta de permisos relacionados, entre otros ámbitos, con la gestión de residuos y las emisiones atmosféricas, evitando duplicidades en la documentación que deben presentar los solicitantes.
La Ley de Calidad Ambiental también contempla consultas preliminares, procedimientos simplificados para determinadas actividades y la posibilidad de renovar algunas autorizaciones mediante declaraciones responsables.
«La ley no nace para imponer más burocracia, sino precisamente para simplificar procedimientos manteniendo todas las garantías ambientales. Proteger más y tramitar mejor», ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
Mayor vigilancia y control de las actividades ambientales
El anteproyecto también introduce modificaciones en los mecanismos de vigilancia, inspección y control de las actividades con incidencia ambiental.
Entre las materias que incorporarán una regulación específica figuran los organismos de control de la atmósfera, la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas y la protección de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Asimismo, el texto plantea una revisión de la clasificación de las infracciones ambientales y de las cuantías de las sanciones, diferenciando entre incumplimientos leves, graves y muy graves.
El Ejecutivo regional sostiene que estas modificaciones permitirán mejorar la prevención de daños ambientales y los mecanismos de restauración cuando se produzcan incumplimientos.
Implicaciones para ayuntamientos y empresas
La futura Ley de Calidad Ambiental tendrá incidencia en los procedimientos administrativos relacionados con actividades económicas sujetas a autorizaciones o controles medioambientales en Castilla-La Mancha.
Estos cambios podrán afectar a los trámites que deben realizar determinadas empresas, explotaciones y entidades ante las administraciones competentes.
La aplicación concreta de las nuevas medidas dependerá del texto definitivo y de su entrada en vigor. Por el momento, no se han facilitado los nuevos plazos exactos de resolución ni una fecha de aplicación de los procedimientos previstos.
Próximos pasos de la Ley de Calidad Ambiental
La consejera ha señalado que el anteproyecto se ha elaborado mediante un proceso de participación que ha incluido consultas públicas, informes de órganos consultivos y aportaciones de entidades locales, organizaciones y ciudadanía.
Tras su toma en consideración por el Consejo de Gobierno, el documento será remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para la emisión del dictamen correspondiente.
La previsión trasladada por la Consejería sitúa nuevos avances en la tramitación durante el primer trimestre de 2027, aunque la aprobación definitiva de la norma todavía está pendiente.
Hasta entonces, continuarán aplicándose los procedimientos ambientales vigentes.
